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Horas de terror vivieron periodistas, policías y civiles secuestrados en Guarayos por un grupo armado
- Sábado, 30 Octubre 2021 10:50
ATB
Acciones: La Fiscalía General del Estado instruyó una investigación por siete delitos. La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en alerta ante la presencia de grupos armados. Se espera que el Gobierno realice las acciones para el desalojo en el lugar.
Miedo, incertidumbre, caos, impotencia es lo que sufrieron siete periodistas, equipos de prensa de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, junto a policías y civiles, productores, luego de ser emboscados en la propiedad agrícola Las Londras, en el municipio de Guarayos por un numeroso grupo de delincuentes avasalladores y encapuchados. Sólo pudo escapar el camarógrafo de PAT, quién llegó a Santa Cruz y pudo dar a conocer a la población sobre esta ilegal situación en Guarayos y que las autoridades nacionales realicen las acciones correspondientes.
El pasado viernes se produjo un avasallamiento de tierras con violencia, instalaron sus campamentos, y provocaron dos heridos que aún se encuentran en atención hospitalaria. El hecho fue denunciado públicamente por ANAPO y el jueves viajaron al lugar los productores, policías y equipos de prensa hasta la estancia Las Londras, ubicada entre los municipios de El Puente y San Julián en Santa Cruz donde fueron emboscados y secuestrados, excepto un camarógrafo de PAT que logró escapar y contar lo sucedido para que las autoridades cumplan con su trabajo. En la noche retornaron los demás, luego de ser soltados por los secuestradores.
El artículo 351 del Código Penal incorporó el delito de avasallamiento por Ley No. 477, del 30 de diciembre de 2103 y manda que: “El que por sí o por terceros, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho propietario, será sancionado con privación de libertad tres (3) a ocho (8) años”.
“Alto, bájense carajo”, se escucha gritar a los atacantes, mientras otros abren fuego, según se escucha y observa en un video registrado por el camarógrafo de ATB. En las imágenes se ve como uno de los atacante se acerca apuntando con un arma, posiblemente escopeta, y con amenazas los empuja y tira al suelo. “Apagá esa cámara, abajo”, se llega a escuchar.
Fueron siete horas de terror, golpes sobre sus cuerpos, amenazas que vivieron los periodistas de cinco medios de Santa Cruz, civiles y policías tras ser obligados a tirarse al suelo y ser tomados como rehenes. “Quién les mando”, les espetaban en la cara los atacantes.
Percy Suarez, periodista de ATB aún con la zozobra que provocó el secuestro de los avasalladores, detalló que luego de emboscarlos les quitaron celulares, billeteras y los llevaron a un campamento. “Nos torturaron, nos pusieron boca abajo, nos golpearon, patadas, caminaron por encima de nosotros, tengo patadas en la espalda y en la cara”, relató Suarez.
Mauricio Eguez, periodista de Red Uno contó que los emboscaron de forma sorpresiva unas 20 personas que disparaban a pocos centímetros de sus pies. “Estoy aún en shock nos disparaban y les decíamos que somos de prensa, pero nos agarraron de pelo y nos tiraron al suelo y comenzaron con las patadas en la cabeza, estómago y nos golpeaban con la cacha de la escopeta”, citó.
Posteriormente en el campamento, dijo que los amenazaron de muerte a tiempo de que insistían para que indiquen quién les trajo al lugar y a que vinieron.
Nicolás Garcia, camarógrafo de la Red Uno contó que fueron momentos dramáticos. “Mi madre está mal del corazón, sufre de presión alta y el momento que vi que las personas se acercaban con armas, mi corazón se detuvo y solo me encomendé a Dios, porque ni a la policía respetaban. Fueron momentos demasiados duros. Después de que nos legar a campamento sólo pedía dentro de mí que mi madre no se entere, temía no volver a casa, fueron momentos terribles”, enfatizó.
Los periodistas afectados durante la cobertura organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) fueron Jorge Gutiérrez, Silvia Gómez, Sergio Martínez, Mauricio Eguez, Nicolás García, Percy Suárez y Róger Ticona, quienes pertenecen al diario El Deber y a las cadenas de televisión Unitel, UNO, ATB y PAT.
En Santa Cruz se realizó un plnatón de periodistas exigiendo seguridad al trabajo de la prensa y que las autoridades investiguen y sancionen a los delincuentes.
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en “alerta máxima” ante la presencia de grupos irregulares armados en el predio Las Londras, ubicado en el municipio de El Puente de la provincia Guarayos, y demandaron acciones al gobierno del presidente Luis Arce.
El presidente de Confeagro, Óscar Mario Justiniano, junto a otros empresarios del sector realizaron denuncias sobre estos hechos desde junio y hasta el momento no obtuvieron respuesta efectiva por parte de las autoridades gubernamentales.
“El sector productivo boliviano se declara en alerta máxima y solicitamos intervención inmediata del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Ministerio de Gobierno y Fiscalía General del Estado, ante estos actos que ponen en riesgo la vida de nuestros productores y su personal”, enfatizó Justiniano.
En Sucre, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció que se inició una investigación penal por el secuestro de un grupo de periodistas, policías y civiles. Los delitos por los que se iniciaron las pesquisa son homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.
"Hemos instruido a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, de manera inmediata, dirigir con celeridad la realización de todos los actos investigativos correspondientes en coordinación con la Policía Boliviana y el Instituto de Investigaciones Forenses", explicó el fiscal, en conferencia de prensa realizada en Sucre”, precisó Lanchipa.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, a través de un pronunciamiento, “exige a las autoridades la investigación y el establecimiento de sanciones para evitar que estos hechos se naturalicen; además, demanda el respeto al trabajo de los periodistas para garantizar el derecho de la población de acceder a la información y el derecho a la libertad de expresión. Esta institución defensorial hará seguimiento de este caso hasta que se identifique a los responsables y se los someta a la justicia ordinaria”.
Asambleístas del oficialismo y oposición también hicieron conocer su posición ante los medios. “No se puede permitir ningún movimiento que sea contra las normas, peor con armas, con persecución, en este sentido, rechazamos todas estas posibilidades, así como existió en 2019 y por supuesto debe darnos una respuesta el Ministro de Gobierno y el Ministerio Público en una investigación específica, esto va a derivar, sin duda, en una petición de informe para lograr el respeto a la Constitución y las leyes, como Asamblea vamos a solicitar un informe”, dijo el senador del MAS, Luis Adolfo Flores,
Para el senador de Creemos, Erick Morón, “no se pueden hacer de la vista gorda con unos avasalladores y, más aún, cuando ya vemos que son grupos paramilitares armados que están avasallando, están atentando contra tierras legalmente constituidas, contra periodistas, contra policías, contra civiles”.
En un video de Red UNO, uno de los comunarios dijo que no son ladrones ni vándalos ni criminales y que solo son campesinos que labramos el campo para dar seguridad alimentaria al pueblo. Declaración que formará parte de la investigación anunciada por la Fiscalía General. Para el INRA, Las Londras, son tierras que estarían en un proceso de saneamiento, aunque el abogado de la empresa señaló que hace más de 40 años que producen y exportan.