Finanzas

Alcaldías, Gobernaciones y Universidades cuestionan la Ley del Plan de Desarrollo

Jueves, 04 Noviembre 2021 18:25

UAGRM

Reacción: Las regiones cuestionan la vulneración a la autonomía en el uso de sus recursos y aclaran que el presupuesto 2022 ya fue elaborado junto a sus Planes Operativos Anuales.

La aprobación en el Senado del proyecto de Ley 343 provoca rechazo de las principales gobernaciones y alcaldías por la intención de la norma de alinear los planes de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA´S) a las directrices del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.

La norma denominada “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, establece la aplicación y ejecución obligatoria para el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, las empresas públicas, el Órgano Judicial, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional, las instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas (ETA´s) y las universidades públicas.

En un pronunciamiento el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz señala varios cuestionamientos a la norma: la Ley es inconstitucional porque viola la autonomía municipal y sus competencias de planificación del desarrollo municipal, asumiendo el control de los presupuestos y gastos de inversiones de las autonomías; además, señala que la obligatoriedad que establece la norma en sus artículos 1 y 4 sobre las ETA´s viola los artículos 270, 272, 302, 321 y 340 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque controla los presupuestos de inversión de las ETA´s establecidos conforme a sus instrumentos de planificación aprobados por leyes municipales como son los Planes de Desarrollo Integral y los Planes Estratégicos Institucionales y los Planes Operativos Anuales (POA).

En cumplimiento a la normativa vigente, el presupuesto del año 2022 ya ha sido elaborado por las ETA´s en base a su autonomía y estos planes. La Ley del PDES pretende modificar los planes y con ello controlar los gastos e inversiones, volver a centralizar los recursos aplicando de manera retroactiva la ley. Por lo que también contraviene el artículo 123 de la CPE, pretendiendo aplicar de forma retroactiva una ley.

Además, el proyecto de ley se encuentra fuera de la realidad de las regiones: porque menciona el modelo económico basado en la “Agenda Patriótica 2025” que excluye a las entidades territoriales autónomas y que hasta ahora ha sido inaplicable en los gobiernos autónomos. Tampoco toma en cuenta los factores de distribución de recursos que deben ser reajustados con los datos del CENSO 2022, del Pacto Fiscal y las competencias. Por tanto, consideran que las directrices del PDES están dirigidas a las competencias nacionales con recursos de las autonomías.

El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, advirtió que la Ley del Plan de Desarrollo vulnera la autonomía al obligar a las regiones a ceñirse a los lineamentos de la norma elaborada por el Gobierno.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz también señaló que la Ley 343 vulnera la autonomía municipal. “La Ley impone a las ETA´s, a basarse en un PDES que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, específicamente a la que tiene el Gobierno Municipal de La Paz, que goza de autonomía, según la CPE”, señala un comunicado.

También observa el inciso II del artículo 4 que señala que “los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos institucionales, de empresas públicas y otros deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el PDES”. Añade que los incisos III y IV de ese artículo estipulan que los recursos del Presupuesto General del Estado y los que provengan de la cooperación internacional no pueden utilizarse al margen de lo que fija el Plan.

Demandan al presidente Arce que no promulgue la Ley en aras del respeto a la CPE, a la convivencia ciudadana y para evitar un mayor tensionamiento en la sociedad.

La Ley en su disposición adicional única sostiene que los planes sectoriales, multisectoriales, de empresas públicas y otros deberán ser elaborados o adecuados al PNDES en un plazo máximo de 120 días a partir de la promulgación de la Ley. Mientras que los planes territoriales de las ETA´s y otros deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo en un plazo máximo de 180 días una vez publicada la Ley.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa criticó la norma y la obligación de someter los planes locales al PDES. “No nos pueden decir ellos que nos sometamos a un plan que ellos están proponiendo cuando nosotros  tenemos nuestro plan,  tenemos necesidades que priorizar en nuestras ciudades. Es justo que el Legislativo socialice las leyes que sacan,  no está bien que se lo haga entre cuatro paredes entre gallos y medianoche sin consultarnos que somos los afectados”, puntualizó.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se movilizó ayer en defensa de la autonomía universitaria y rechazo a esta Ley. Similar acción realizaron en la Universidad Mayor de San Simón.

Sin embargo, Max Mendoza, secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana, informó que la entidad no participa de las movilizaciones contra el PNDES y dijo que se pidió al Gobierno una explicación en detalle de la norma.

Por el momento, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), demandó la promulgación inmediata de la Ley para facilitar los procesos de planificación a nivel territorial y rechazó las declaraciones de algunos sectores y actores que asegura no representan a los Gobiernos Autónomos Municipales.

El alcalde de La Paz, Iván Arias afirmó que esta norma generará mayor burocracia y la inversión millonaria que se proyecta “es una fantasía”. “Este proyecto no está consultado. Pero en realidad está proponiendo más Estado, más burocracia, más ‘empleomanía’. El Estado generando empleo, pero no, lo que se trata es que el Estado debe generar condiciones para que la sociedad genere su propio empleo”, precisó Arias en el programa radial “La Paz en paz”.

Además, alertó que esta norma que pretende poner en vigencia el Gobierno va contra la política de la comuna paceña. “Porque la Alcaldía no tiene plata, queremos atraer inversiones privadas que permitan el desarrollo, queremos cambiar la normativa, que no sea tanta burocracia”, agregó.

El monto de inversión en el quinquenio que propone el Plan de Desarrollo es equivalente a un 13% del Producto Interno Bruto (PIB).

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, señaló que el Plan está enmarcado en la  Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado y que las gobernaciones y alcaldías cumplieron con el Plan 2016-2020, en cumplimiento a la Constitución y a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIA).

“El  ciclo de planificación lo que señala, con absoluta claridad, es que todas y todos los distintos órganos debemos acompañar, por supuesto, la estrategia emprendida por el Gobierno nacional conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, que en este caso son privativas en el caso de la planificación nacional y, además, de acuerdo a la Ley 777 del SPIA que se encuentra vigente desde 2016”, aclaró, según difundió la agencia estatal de noticias ABI.