Finanzas

Acuerdo de subir salarios impactará en empresas privadas y estatales no recibirán este beneficio

Viernes, 29 Abril 2022 01:17

FOTO: CEPB

Reacción: La CEPB observó que ni el sector público permite aplicar el incremento a todos los funcionarios de empresas estatales, ministerios y otros, pero se obliga a los privados a negociar sobre la base de 3% con sus trabajadores. La reactivación de todos los sectores produtivos se verá afectada advierten los industriales al igual que los agropecuarios.

Los empresarios de Bolivia  calificaron como “un acuerdo político” la medida del incremento salarial decidida ayer en una reunión entre el presidente, Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB) y observaron discriminación porque el aumento en el ámbito  público no llegará a empresas estatales, mientras que en el sector privado será obligatorio.

Reiteraron que las consecuencias perjudiciales de estas medidas en el plano económico y social, serán de entera responsabilidad del gobierno y de la dirigencia de los trabajadores.

El Ministerio de Economía y la organización matriz de los trabajadores acordaron  un aumento de 3% al haber básico y 4% al Salario Mínimo Nacional este año.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reclamó  por un nuevo incumplimiento del Convenio No 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dispone la obligación que tiene el Estado de realizar consultas exhaustivas a las representaciones de trabajadores y empleadores antes de decidir aumento del salario mínimo.

La patronal  alertó que el incremento salarial tendrá un efecto muy grave sobre las empresas, especialmente las micro y pequeñas empresas, que se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas”, afirmaron.

Según la CEPB en la actual situación de crisis, los niveles de incrementos salariales impuestos (3% al básico y de 4% al mínimo nacional) son inadecuados, y recuerdan que ni el mismo sector público puede permitirse su aplicación a todos los funcionarios del Estado, por lo que tuvo que excluir de su pago al personal dependiente de los Ministerios, Empresas Públicas y la mayoría de entidades del gobierno nacional.

“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y rubros productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”.

 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró que el incremento del 3% al haber básico solo se aplicará para los sectores de educación y salud, en tanto que los gobiernos departamentales y municipales deberán considerar el aumento de acuerdo con su régimen autonómico.

La autoridad económica argumentó que los sectores de salud y educación son los más representativos de la administración pública y son claves para la recuperación económica y la atención de la pandemia del Covid-19.

“Para nosotros queda claro que este incremento es un elemento de reposición al poder adquisitivo del salario y que está siendo repuesto por el Gobierno nacional, y se lo está dando al sector de salud y educación”, dijo Montenegro.

Según la autoridad 310.000 trabajadores de este sector se beneficiarán del aumento de 3% al haber básico, mientras que otros 90.000 del resto del sector público, donde están los dependientes de las empresas públicas, ministerios, ministros no recibirán este ajuste.

El Ministro resaltó la importancia de reponer el salario de los trabajadores tomando en cuenta que no hubo incremento al salario en dos gestiones y ahora se da la oportunidad a los trabajadores de recuperar su economía.

Hay varios sectores de la economía que se están recuperando y con el incremento salarial acordado se contribuirá a dinamizar el mercado interno que también beneficiará al sector productivo, agregó.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señalaron que no están de acuerdo con el incremento salarial que determinó el Gobierno con la Central Obrera Boliviana. Aseguran que las unidades productivas están en peligro, más aún con las dificultades que atraviesan, como las sequías.

El presidente interino de la CAO, José Luis Farah, explicó que en su momento propusieron que se dé un incremento salarial por sectores, y no de forma general porque no todos los rubros se han reactivado económicamente.

Negociación

Según el Gobierno las empresas pueden negociar el aumento salarial sobre la base del 3% definido con la COB. La CEPB  señaló que esta determinación “activa un escenario de discordia que puede generar conflictos, desequilibrios y tensiones, cuyo resultado afectará la gestión de las unidades productivas”.

Por otra parte la Confederación advirtió que las leyes impulsadas por la dirigencia de la COB y que pretenden será aprobadas el 1 de mayo “pueden debilitar las relaciones entre trabajadores y empleadores, poniendo en riesgo los esfuerzos por garantizar la viabilidad del sector productivo y reactivación económica del país”.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó en un comunicado su preocupación por el aumento dispuesto por el Gobierno porque va en contra de la reactivación económica del sector privado, industrial, formal y pone en riesgo la sostenibilidad de más de 36.00 industrias y de más de 600.000 empleos.

“El anuncio de incremento salarial genera una inaceptable discriminación contra el sector privado obligándolo a aumentar salarios, excluyendo de la disposición al sector público (ministerios, empresas públicas y otras entidades del Estado)”. Además la CNI advierte que la decisión de que en el sector privado se negocie el incremento sobre la base del 3% abre un escenario de discordia que pude genera conflictos y desequilibrio entre empresas y trabajadores.

Añade que el sector industrial a nivel nacional y departamental experimenta una profunda contracción económica, la mayor de los últimos 70 años, producto de la Covid-19, la crisis mundial de suministros y logística internacional, el creciente contrabando y ahora los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.