- Agroindustria
La CEPB pide al Gobierno diálogo para solucionar conflictos y suspender medidas antieconómicas
- Jueves, 27 Octubre 2022 17:29
FOTO: CEPB
Posición: Los empresarios de Bolivia califican de injusta y política la suspensión de exportaciones de productos alimenticios. Las amenazas y acciones que buscan afectar la provisión de energía y combustibles, la toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas y el silencio de las autoridades impactan en la seguridad jurídica. En este momento, señalan al Gobierno que el diálogo es una obligación para atender la agenda ciudadana.
“Los empresarios privados de Bolivia, ante la escalada de violencia y descontrol, generados nuevamente por decisiones políticas, que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales, expresamos nuestra posición ante la opinión pública”, inicia el comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
Consideran que “la decisión de suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta. Esta medida tiene graves consecuencias sobre la economía nacional, cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afecta directamente a los productores pequeños, medianos y grandes que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones; reflejando también la falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos”.
También se refieren a lo ocurrido en el Parque Industrial de Santa Cruz y manifiestan que “las amenazas y las acciones que buscan afectar la provisión de energía y combustibles a la ciudadanía y a las empresas, no solo constituyen un delito grave, sino que afectan directamente a la cadena de producción y ponen en riesgo la provisión de alimentos y bienes a todos los departamentos, generando un peligro mayor sobre la economía y la estabilidad social”.
Asimismo, “la toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas revelan la existencia de una amenaza sobre la propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa. El silencio y la inacción de las autoridades llamadas a prevenir y sancionar estas acciones, evidencian también el debilitamiento de la seguridad jurídica en el país”.
En el comunicado también enfatizan en una “narrativa anti empresarial que se manifiesta en alusiones descalificadoras y falaces contra personas y empresas que aportan a la construcción del país, deterioran la confianza que debe ser el pilar fundamental del desarrollo productivo. Es injusto el tratamiento que se le está dando al sector privado, cuando éste es el que genera y sostiene fuentes de empleo, provee bienes y servicios a la sociedad y aporta con impuestos y contribuciones al sostenimiento de Bolivia”.
En ese marco, la CEPB considera que “el Gobierno Nacional está en la obligación de dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país”.
Y frente a este escenario expresan que es “urgente retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo. Debemos abocarnos de manera inmediata a la atención de la urgente y tan legítima agenda ciudadana, en el marco de un proceso de encuentro sobre tres premisas elementales: confianza mutua, buena fe e intermediación equitativa y equilibrada. Precisamos reposar los ánimos y dimensionar el inmenso y urgente desafío de un horizonte para todos los bolivianos con elementos mínimos que sean comunes”.
El comunicado concluye con el “apoyo a los espacios de diálogo necesarios para construir mejores realidades está presente y, nuestra defensa inquebrantable a las garantías ciudadanas, así como el Estado de Derecho es nuestra consigna institucional”.
Este mensaje de los empresarios privados se realiza en el sexto día de paro indefinido en Santa Cruz, segundo día del cerco de las organizaciones sociales afines al MAS al departamento de Santa Cruz, que afecta las principales rutas de comercio y de abastecimiento de productos y combustibles en el país, enfrentamientos en diferentes ciudades del país y una convocatoria a dialogar mañana en Cochabamba para tratar el rumbo hacia la realización del Censo de Población y Vivienda en el año 2023 y no en 2024.
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