Agroindustria

Comisión de fiscales investigará nuevos avasallamientos, pero aún hay casos sin castigo

Martes, 06 Diciembre 2022 10:20

FOTO: ALD

Ilegal: La toma de tierras tiene pena de privación de libertad, según la Ley 477. La Policía informó que se tiene identificados a los miembros del grupo armado que avasalló el predio Las Parabas en Ascensión de Guarayos. Para la CAO las autoridades deben hacer cumplir la ley y evitar que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria. La Fundación Tierra registra que en 2021 el Tribunal Agroambiental recibió 42 denuncias de despojos de tierra, en muchos casos los responsables luego de ser arrestados fueron liberados.

Una nueva comisión de fiscales y la Policía  investigan el avasallamiento de tierras en la propiedad Las Parabas en la zona El Trébol en Guarayos y en el Centro Turístico Kim. El Gobierno cuestionó este tipo de tomas, sin embargo desde el año pasado existen varias incursiones ilegales a predios con violencia y uso de armas.

“Se ha formado una comisión de fiscales para que puedan realizar una investigación con relación a estos supuestos hechos de avasallamiento que se indagan en el municipio de Guarayos, en El Trébol”, indicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Advirtió que desde el Ministerio Público no se tolerará ningún hecho de avasallamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, informó  que ya se tiene identificados a los miembros del grupo armado que avasalló el predio Las Parabas, en la zona denominada El Trébol del municipio de Ascensión de Guarayos, al igual que también ya se conoce quienes lideran el grupo que tomó tierras en un predio de las Lomas de Arena, según reportó Unitel.

Pero aún no se da con su paradero. A este grupo se lo investiga por los delitos de amenazas, lesiones graves y gravísimas y allanamiento de propiedad privada, después de que los casos saltaran en días pasados y se colectara evidencias del avasallamiento.

El  1 de diciembre Beter Rember Clesen interpuso una  demanda penal contra  los avasalladores en Guarayos por los delitos de lesiones graves y leves; amenaza, tenencia, porte y portación de arma de fuego; daño calificado, incendio, robo agravado y secuestro, hechos registrados durante el avasallamiento  en Guarayos.

En el caso del Centro Turístico Kim, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Julio César Cossío, recordó que el 23 de octubre en 2022, cinco personas fueron citadas a declarar a denuncia de Nancy Kim Rojas, por la ocupación ilegal de los acusados en sus terrenos.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada demandó una investigación de los últimos avasallamientos. “Llamamos a las autoridades, como corresponde, a que se realice la investigación, se dé con los responsables y que, por supuesto, paguen por los delitos correspondientes quienes están actuando en relación a estos delitos”, dijo la autoridad en contacto con PAT, según reportó ABI.

La autoridad gubernamental enfatizó que el presidente Luis Arce Catacora fue “bastante claro” en varios de sus discursos”, respecto a la toma ilegal de tierras y grupos delincuenciales que cometen estas acciones.

El primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que la entidad deplora los avasallamientos y demanda a las autoridades hacer cumplir la ley. “Vivimos en un Estado de derecho donde hay normas, leyes que se deben cumplir, no podemos estar cada vez viviendo en zozobra entre malvivientes que amedretan”, precisó.

Advirtió que cualquier avasallamiento afecta a la cadena de producción de alimentos y si esto persiste los productores no podrán seguir garantizando seguridad alimentaria. “El productor ahora piensa en sembrar  o si le van a quitar su producción. El productor adquiere semillas, contrata crédito antes de llegar a la cosecha”, puntualizó.

Hace unos días, la abogada Raquel Guerrero advirtió que el caso Las Londras corre el riesgo de que se caiga y quede en nada, debido a que el último de los tres aprehendido fue liberado con medidas sustitutivas. Los otros dos prófugos presentaron memoriales de excusa para no asistir a audiencias presenciales, además, porque existen muchos obstáculos para realizar las pericias correspondientes. En este caso, grupos armados secuestraron a 17 personas, incluidos periodistas, el 28 de octubre de 2021.

Aumento de avasallamientos

Un análisis de la Fundación Tierra realizado en agosto  por el investigador Juan Pablo Chumacero, revela que en el último año se observa  un recrudecimiento de conflictos por avasallamientos de propiedades agrarias, particularmente en Santa Cruz.

En 2021 el Tribunal Agroambiental recibió 42 denuncias de despojos de tierra en este departamento. Los casos más renombrados fueron los siguientes:

1.-  Predio El Encanto, de 4.500 hectáreas, ubicado en la provincia Guarayos.  El 12 de septiembre de 2021, cerca de un centenar de policías que tenían la misión de desalojar a los avasalladores, fueron emboscados por un grupo armado, con un saldo de tres uniformados heridos de bala.

2.- El núcleo 53 de la comunidad El Carmen en Brecha Casarabe, en el municipio de San Julián.  El 18 de septiembre de 2021, el propietario de un predio ocupado y la gente que lo acompañaba, fueron atacados por personas que habían tomado la propiedad, armadas con machetes y armas de fuego. Varias viviendas fueron quemadas y el propietario resultó herido y trasladado a un hospital cercano.

3.- Caso Las Londras. En los predios de alrededor de 16 mil hectáreas ubicadas en el municipio de El Puente, el 28 de octubre del año pasado, un grupo de personas, incluyendo periodistas, fue emboscado y secuestrado por un grupo de avasalladores encapuchados y armados con armas de fuego.

4.- Los predios de La Estrella, incautados hace más de 10 años al empresario Jacob Ostreicher. Están ubicados en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde en marzo de 2022, un grupo de comunarios se enfrentó con los avasalladores, dejando como saldo un joven de 22 años fallecido por herida de bala.

5.- El Puente. Recientemente, 8.500 hectáreas ubicadas en la subcentral Pailitas, en el municipio de El Puente, al lado de Las Londras, fueron tomadas el 23 de julio de 2022 por un grupo de avasalladores secuestrando personas, robando maquinaria y quemando viviendas. Los integrantes de la subcentral intentaron recuperar sus tierras y en el enfrentamiento una persona resultó herida. La policía fue ahuyentada cuando intentaba un desalojo. Es más, los avasalladores dieron una conferencia de prensa y amenazaron a fiscales, policías y jueces.

De acuerdo con la Fundación Tierra, todos estos casos tienen una serie de elementos en común. Se trata de propiedades ubicadas en la zona de expansión de la frontera agrícola cruceña, caracterizada por el predominio del agronegocio exportador de oleaginosas y cereales, por lo que la tierra tiene un alto valor de mercado.

Los grupos de avasalladores pertenecen en general a organizaciones campesinas o de interculturales de municipios vecinos, afiliadas a las matrices correspondientes y, por lo tanto, articuladas políticamente al partido de gobierno.

Según el análisis, en su mayoría, las tierras tomadas no tenían claramente establecido el derecho propietario, como es el caso de La Estrella, en que las tierras incautadas a Ostreicher estaban bajo control de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), que a su vez, había dado permiso de cultivo a los antiguos trabajadores de la propiedad, o el caso de Las Londras, que se hallaba en proceso de saneamiento y se preveía que se iba a declarar como tierra fiscal debido a que se encuentra dentro de una reserva forestal.

“Esto supone que los avasalladores habían accedido a información privilegiada del Estado y que existe cierto nivel de complicidad con distintas instancias estatales. Por lo difundido en los medios, la Dircabi y el INRA departamental en estos casos puntuales”, subraya la Fundación Tierra.

Añade que los intentos de las fuerzas del orden para restablecer la calma y aplicar justicia a los culpables en general han llegado tarde, y los resultados han sido escasos. Algunos dirigentes arrestados y luego liberados por la justicia. Es más, en varios casos, la policía se ha visto superada por los avasalladores.

Lo que dice la Ley

Según la Ley 477  contra el avasallamiento y tráfico de tierras aprobada en 2013,  se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades, privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales.

Esa norma incorporó al Código Penal los Artículos 337 bis, 351 bis y 351 ter, con el siguiente texto que establece sanciones contra el avasallamiento de tierras:

“Artículo 337º bis. (TRÁFICO DE TIERRAS). El que por sí o por terceros arriende, negocie o realice donaciones, compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras, fiscales de manera ilegal, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años.

Artículo 351º bis. (AVASALLAMIENTO). El que por sí o por terceros, mediante violencia, amenaza, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho, propietario, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años.

Artículo 351º ter. (AGRAVANTES PARA EL TRÁFICO DE TIERRAS Y AVASALLAMIENTO). En el caso de los Artículos 337bis y 351 bis, la pena será agravada en un tercio cuando quien comete delito sea o haya sido servidor público, en especial aquellos de entidades relacionadas a con el acceso a la tierra rural y urbana, sea reincidente o cabecilla, o el delito afecte a las áreas productivas urbanas o rurales, zonas de recarga hídrica, servidumbres ecológicas, franjas de seguridad y otras áreas con protección legal.”

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.