Agroindustria

INRA afirma que 90% de tierras rurales tiene seguridad jurídica, pero no paran avasallamientos

Domingo, 11 Diciembre 2022 21:51

FOTO: ARCHIVO 

Inseguridad: El INRA señala que quienes se sienten amenazados por avasallamientos deben denunciar los hechos ante las autoridades competentes y asegura que no se tolerará estos hechos irregulares, sin embargo los ataques de avasalladores han recrudecido.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), asegura que el 90% de las tierras rurales en el país goza de seguridad jurídica y que no se tolerará avasallamientos, sin embargo, la Fundación Tierra observó en su momento sombras en el saneamiento y los conflictos por tomas de predios han recrudecido en los últimos meses.

El director del INRA, Eulogio Nuñez,  en una entrevista con Bolivia TV, indicó que la meta del Gobierno es concluir el proceso de saneamiento de tierras en 2025 y ofrecer garantías a la población sobre la tenencia de los predios.

“La meta es concluir este proceso hasta 2025. En Bolivia  el 90% de las tierras, es decir 93 millones de hectáreas, tienen seguridad jurídica. En caso de avasallamientos los propietarios que se sienten amenazados deben denunciar estos hechos ante las autoridades competentes, ante los juzgados agroambientales y el Ministerio Público”, precisó.

Sin embargo, los operadores de justicia en este tipo de casos son cuestionados porque ningún caso ha llegado a una sanción. El ejemplo está en el caso Las Londras que los detenidos han sido liberados y no avanza este proceso. Similar situación sucede con el caso de la familia Kim, que sigue generando violentos enfrentamientos y no hay detenidos.

Según la Ley 477 contra el avasallamiento y tráfico de tierras aprobada en 2013,  se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades, privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales. Los autores pueden ir a la cárcel con penas de 3 a 8 años y no podrán recibir del Estado la dotación de tierras por 10 años.

“El gobierno del presidente Lucho Arce no tolerará ningún hecho de avasallamiento o tráfico de tierras; la ley de aplica para todos, por ello, pedimos a todas las autoridades competentes unir esfuerzos para sancionar este delito. Es necesario sentar un precedente contra ese delito, en ese sentido, se tiene conformado un gabinete de Tierra y Territorio”, expresó Nuñez.

Según un análisis de la Fundación Tierra realizado en agosto el proceso de saneamiento se ve opacada por varios  factores: uno, porque el saneamiento no toma en cuenta más que cifras en hectáreas y títulos; dos, la dotación de títulos a mujeres sin verificar su consolidación y contexto; tres, el lento avance del proceso, que aumenta la violencia por tierras y la indefensión de los propietarios de tierras.

Para Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, la superficie como elemento del saneamiento es un factor que puede generar variación sobre este procedimiento.

“Si bien hay elementos que muestran que la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia cambió, es importante ver el contexto. No es lo mismo una hectárea de tierra en A, B o C. Su valor varía en función de su cercanía a centros poblados, su valor productivo u otros. El INRA no toma ninguno de esos elementos, simplemente toma en cuenta el tamaño de propiedad y en función a ello si hubo cambio de la estructura, que no es del todo beneficiosa”, señaló.

Además por más que el saneamiento hubiese llegado al 90%, aclaró que la  regularización no está brindando la seguridad jurídica cuando existen propiedades saneadas que son invadidas, avasalladas en un alto nivel de indefensión. “Si no hay autoridad que defienda su derecho, entonces, ¿para qué sirvió el proceso de saneamiento y 25 años de trabajo?”, cuestionó Vadillo.

El director del INRA, Eulogio Nuñez  aclaró que cuando existen avasallamientos en predios urbanos, la competencia es de las Alcaldías, mientras que el INRA solo ve los casos en propiedades rurales.

La Fundación  Tierra reveló  que En 2021 el Tribunal Agroambiental recibió 42 denuncias de despojos de tierra en Santa Cruz.

Una comisión de fiscales y la Policía  investigan el avasallamiento de tierras en la propiedad Las Parabas en la zona de El Trébol en Guarayos y en el Centro Turístico Kim ocurridos en los últimos días en ese departamento.

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