Saneamiento de tierras en Santa Cruz llega a 93% y el Gobierno culminaría el proceso en 2024

Análisis

Saneamiento de tierras en Santa Cruz llega a 93% y el Gobierno culminaría el proceso en 2024

Miércoles, 28 Septiembre 2022 21:02

FOTO: COMUNICACION.GOB.BO

Evaluación: El saneamiento en Santa Cruz alcanza a 33.3 millones de hectáreas (93% de avance) y la meta este año es avanzar en otras 904.562 hectáreas, mientras a que nivel nacional se alcanzaron las 94,6 millones de hectáreas saneadas (91%). Según datos a julio, del porcentaje que falta por sanear, que alcanza a unos 11 millones de hectáreas, de esa cifra, al menos la mitad tienen conflictos por problemas de sobreposición con machas urbanas y límites, entre otros. Y la Fundación Tierra puntualiza que esta regularización no está brindando la seguridad jurídica cuando existen propiedades saneadas que son invadidas, avasalladas en un alto nivel de indefensión.

El saneamiento de tierra a nivel nacional tiene un avance de 91%, pero en del departamento de Santa Cruz la depuración alcanza a un 93%. En julio el Gobierno se comprometió a concluir este trabajo en 2024 para garantizar seguridad jurídica a la tierra.

El departamento es uno donde se observan más conflictos y avasallamiento de tierras incluso con acciones violentas.

Datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), difundidos por la Fundación Tierra para un análisis reciente sobre la problemática, dan cuenta que hasta el mes de julio en Santa Cruz se tiene un acumulado de 33.356.765 (33,3 millones) de hectáreas saneadas que equivalen a 93% en el período 1996-2022. Falta un 7% para completar el proceso y la meta del INRA para este año es la depuración de 904.562 hectáreas.

A nivel nacional el saneamiento de tierras alcanza a 94.696.692 hectáreas (94,6 millones) y la meta de este año es de 4.062.825 hectáreas.

Por departamentos en Chuquisaca este proceso llega a 4.697.650 hectáreas (95% de avance), en Cochabamba a 4.849.687 hectáreas (93%), en Tarija a 3.135.253 hectáreas (88%), en La Paz a 9.892.638 hectáreas (80%), Oruro 4.400.682 hectáreas (94%), Potosí 10.223.808 hectáreas (96%), Beni 17.984.960 hectáreas (89%), Pando 6.155.249 hectáreas (99%).

El pasado 22 de julio, según reportó ABI al celebrar la 41 reunión ordinaria con representantes de la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, firmó una resolución en la que el Gobierno compromete y garantiza el proceso de saneamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz.

La resolución aprobada señala que se hace necesaria la conclusión del saneamiento de todas las tierras comunitarias de origen (TCOs) y la seguridad jurídica respectiva hasta fines del 2024.

Para ello, el Gobierno garantiza los recursos económicos suficientes, inscritos en el POA nacional y proyectado hasta el año 2024.

Según un análisis reciente de la Fundación Tierra, este es un saneamiento que no toma en cuenta más que cifras en hectáreas y títulos, la dotación de títulos a mujeres sin verificar su consolidación y contexto, es lento el avance del proceso, que aumenta la violencia por tierras y la indefensión de los propietarios de tierras, frente a los avasallamientos. Estos son los cuatro factores que opacan el proceso de saneamiento en Bolivia.

Esa es la conclusión a las que llegaron Efraín Tinta, Eloy Valda y Alcides Vadillo, integrantes de la Fundación TIERRA, quienes, a través de su experiencia y trabajo de campo, explican las sombras detrás de este proceso, en el marco del 2 de agosto, fecha en que se conmemora 69 años de la Reforma Agraria en Bolivia.

Para Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, la superficie como elemento del saneamiento es un factor que puede generar variación sobre este procedimiento.

“Si bien hay elementos que muestran que la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia cambió, es importante ver el contexto. No es lo mismo una hectárea de tierra en A, B o C. Su valor varía en función de su cercanía a centros poblados, su valor productivo u otros. El INRA no toma ninguno de esos elementos, simplemente toma en cuenta el tamaño de propiedad y en función a ello si hubo cambio de la estructura, que no es del todo beneficiosa”, señaló.

Si bien resalta que el proceso de saneamiento esté bordeando el 90%, Vadillo, observa otro problema, pues esta regularización no está brindando la seguridad jurídica cuando existen propiedades saneadas que son invadidas, avasalladas en un alto nivel de indefensión. “Si no hay autoridad que defienda su derecho, entonces, ¿para qué sirvió el proceso de saneamiento y 25 años de trabajo?”, cuestionó.

El análisis señala que la conclusión del proceso de saneamiento durante la gestión de Luis Arce es uno de los retos que tiene el INRA. Según sus datos a julio, del porcentaje que falta por sanear, que alcanza a unos 11 millones de hectáreas. De esa cifra, al menos la mitad tienen conflictos por problemas de sobreposición con machas urbanas y límites, entre otros.

Vadillo destacó que en la actual gestión, a diferencia de los anteriores años, se genera más información pública respecto a los progresos en temas de saneamiento, datos que tendrían que ser analizados con detenimiento. Entre tanto, para mejorar los procedimientos, Tinta sugirió realizar una actualización de las normativas que acompañan los procedimientos.

“Hay factores que están influyendo como el tema de los recursos naturales en sitios no saneados como la minería en la cordillera de Los Andes, en el norte de La Paz o los Yungas. Todavía se está manejando la ley el reglamento de hace más de 20 años. Probablemente hasta hace 10 años funcionaba, pero habrá que revisar que tan útil es este documento en la actualidad”, enfatizó.

Problemas identificados por el INRA

En su informe de evaluación de la gestión 2021 el INRA informó a principios de este año los problemas que persisten para avanzar en el saneamiento:

Alta conflictividad en la superficie pendiente para conclusión del proceso de saneamiento por problemas de límites políticos administrativos y expansión de manchas urbanas.
Procesos de saneamiento antiguos mal realizados.
Judicialización del proceso agrario. Fallos contradicciones, muy civilistas y no visión integral.
Problemas de sobreposición de derechos agrarios
División orgánica en algunas organizaciones sociales (ámbitos departamental y local)
Normativa agroambiental preconstitucional (Leyes Nro. 1715, 3545 y DS 29215)
Alta demanda y escasas tierras fiscales disponibles para distribución.
Avasallamientos tierras fiscales, reservas forestales, áreas protegidas, TIOCs, propiedades

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Banco Mundial alerta que inflación en el mundo aún es alta y apoya a la seguridad alimentaria con créditos

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Dos factores impulsan que enfrentamientos por avasallamiento aumenten y se tornen más violentos

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Maíz transgénico: ilegal, pero solo en papeles

Producción: En un artículo publicado en el sitio web de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, llama la atención a un problema complejo y fuera de la ley que es concocido por actores públicos y privados sobre que "casi toda la producción de maíz amarrillo es transgénica, por lo tanto, ilegal. Pequeños y grandes agropecuarios cruceños admiten que los cultivos de maíz transgénico están por encima del 70% a 80% del total. Esto significa que Bolivia produce ilegalmente cerca de 380 mil toneladas por año. Las semillas no autorizadas se venden y se compran abiertamente". Una ilegalidad que está generando impacto en la producción local y el contrabando. Cuestiona el rol de EMAPA y d elos operadores de justicia en esta situación. Y subraya una preocupación de los agrónomos en "el aumento de las plagas debido al manejo sin control de las semillas transgénicas. Los agricultores al no sembrar maíz convencional en los llamados “refugios” provocan la proliferación de insectos resistentes, lo que reduce o incluso llega a anular la eficacia del maíz modificado (Bt) y otros cultivos transgénicos".