- Análisis
Paro nacional indefinido divide al país, dos nuevas leyes generan la protesta
- Viernes, 05 Noviembre 2021 20:10
DIPUTADOS.BO
Motivos: El paro nacional indefinido convocado por el sector gremial y de transporte, pide que se abrogue la Ley 1386 de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y en estos días se sumó a la protesta la Ley 342 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social, porque se considera que “pulveriza” a las autonomías.
Desde este lunes 8 de noviembre el país inicia un paro indefinido en contra de la Ley 1386 Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo que, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, “tiene el objetivo de prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia”.
Los sectores gremialistas y de transporte convocaron a un paro indefinido apoyados por los cívicos de todos los departamentos del país, además se sumaron otros sectores como Juntas Vecinales, Salud, Federación de Profesionales (en Santa Cruz), concejales de la Comunidad Autonómica, y el empresariado en general.
Uno de los artículos que ha causado polémica en los distintos sectores es el que señala que la "Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo” podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo".
Para el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, esta ley no tiene límites, y más allá de su especificidad, es el artículo que habla de los ajustes, y da una carta blanca al Poder Ejecutivo. “El ambiente político, más la retórica instaurada de un golpe de Estado, los atropellos, arrestos y juicios que son evidentes, generan desconfianza en la ciudadanía, inclusive en las personas afines al gobierno, porque con este tipo de leyes ¿qué no podría hacer el gobierno?”, cuestionó a tiempo de referirse no solo al gobierno del MAS sino a todo aquel que tiene el poder.
Sin duda, aclaró que es necesaria esta ley para no ser observados a nivel internacional, y que se viene trabajando hace años, “pero no por eso vamos a dejar que un solo poder sea el que legisle. Ha pasado incluso con el gobierno de transición que sin apego a ninguna Ley se activaron 200 alertas migratorias y se obtuvo información confidencial de las personas”, enfatizó.
Esta ley otorga “suprapoderes” a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y crea un consejo que ya está vinculado con el Poder Ejecutivo, señaló Akamine.
El anexo de la Ley 1386, apunta, específicamente, al sector informal del país porque considera que por ese sector ingresan los recursos fraudulentos debido a la ausencia de medidas de control.
La Federación de Profesionales manifestó su apoyo a los cívicos e informó que acatarán el paro en los nueve departamentos, desde el lunes a las 00:00 horas.
La Cámara Agropecuaria del Oriente anunció que no participará del paro. Oscar Mario Justiniano, presidente de la CAO, señaló que debido al trabajo que los sectores productivos realizan para abastecer con alimentos a todo el país no pararán, al igual que no lo hicieron durante la pandemia. Sin embargo, apoyan totalmente la abrogación de la Ley 1386.
Suman al rechazo la Ley 342, que vulneraría las autonomías
Por otro lado, la Ley en cuestión, no es la única que conlleva a los sectores a apoyar la protesta, pues mediante un pronunciamiento, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) expresó su apoyo al paro nacional exigiendo anular la Ley 342 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social, porque considera que “pulveriza” a las autonomías y busca sostener la narrativa de que hubo un “supuesto golpe de Estado”.
Entre tanto, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) pidió la promulgación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 e instó a que existan espacios de coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo para que se puedan subsanar las observaciones.
La Central Obrera Departamental de Santa Cruz está en total desacuerdo con el paro indefinido, piden a las autoridades garantizar el libre tránsito para que puedan continuar con su trabajo. Rolando Borda calificó al paro como una acción criminal y golpista.
Con respecto a estas protestas, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, dijo que las organizaciones sociales “defenderán la democracia” ante intentos de “desestabilización”.
Mientras que Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas y Servicios señaló que por cada día de paro el país perderá 112 millones de dólares, de los cuales Santa Cruz dejará de percibir 32 millones.
Asimismo, el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), sectores que agrupan a los aliados del Gobierno, se declararon en emergencia y llamaron a las distintas organizaciones sociales a defender “al presidente Luis Arce y la estabilidad económica, política y social del país, para enfrentar los afanes de la derecha política de provocar convulsión y un nuevo golpe de Estado”.
La dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Odalis Huayllas, acusó a los cívicos de pretenden dañar la “democracia intercultural” y generar “caos y división social” en medio de la reactivación económica.
La Confederación de Choferes de La Paz no acatará el paro indefinido y aclararon que no están en condiciones de parar porque tienen varios compromisos y que esperarán una socialización por parte de las autoridades para determinar las acciones que tomarán a partir de los próximos días.
Del mismo modo en Santa Cruz, el transporte urbano no acatará el paro, justificando el posicionamiento del sector ya que se encuentra "golpeado en su economía" tras un 2020 donde no pudieron trabajar durante muchos días, no obstante declararon su oposición a la ley 1386.
La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, afirmó también que no acatarán el paro indefinido convocado por algunos sectores políticos del país, porque sería crear un “hueco económico” que afectará a las familias alteñas.
El Comité Cívico de Cochabamba, informó que este departamento asume la extrema medida como justo reclamo de la población por el poco interés del Gobierno central y la falta de voluntad de generar espacios de diálogo. “No estamos en contra del Gobierno establecido, eso debe quedar claro, estamos en contra de un paquete de leyes que lo único que hacen es vulnerar las libertades constitucionales y democráticas de todos los bolivianos”, indicó el Comité.
En Tarija, la Federación de Gremiales y la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), anunciaron que no acatarán el paro convocado, así como la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) descartan toda medida de presión y movilizaciones que impliquen paralizar actividades.
No obstante los cívicos de ese departamento anunciaron que se suman el paro indefinido convocado por los gremiales.
El vicepresidente del Comité Cívico de Potosí, Nelson Gutiérrez, informó que esperan una respuesta de las autoridades locales sobre el pliego de peticiones, considerando la necesidad de proyectos para la región. El Concejo Consultivo analizará la respuesta de las autoridades, por lo que esperan una respuesta.
Por su lado, el movimiento cívico del Beni determinó apoyar el paro nacional indefinido desde el próximo lunes en protesta por la aprobación de leyes criticadas por atentar contra la democracia, la economía y la libertad, informó su principal dirigente, Gueiser Chávez.
Desde Oruro, la presidente del Comité Cívico, Rosario Sandalio, afirmó que la medida de presión “es para preservar las libertades ciudadanas” que, en su criterio, pretenden ser avasalladas por el Gobierno.
Las universidades públicas también anunciaron que se sumarán al paro este lunes, luego de realizar varias marchas de protesta en contra de la Ley 342.
